Ley de la Segunda Oportunidad

Ley de la Segunda Oportunidad  para familias, personas físicas y autónomos:

¿Qué es y cuál es su finalidad?

La Ley de la Segunda Oportunidad aborda la posibilidad de llegar “al perdón de las deudas” para las personas físicas deudoras “de buena fe” que no puedan hacer frente a sus compromisos de pago. Esta Ley permite que una persona física, consumidor o autónomo, a pesar de haber fracasado en su ámbito económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de dejar de cargar con las deudas que nunca podrá pagar y encarrilar nuevamente su vida profesional y personal.

¿A quién se le puede aplicar?

Las personas físicas; Particulares, autónomos, consumidores en general y familias sobre endeudadas. Esta Ley ofrece vías de solución pretendiendo hacer justicia equiparando a la persona física con la jurídica, en el sentido de amparar a la persona que está sujeta al pago de las deudas en base al principio de responsabilidad patrimonial universal que consagra el código civil.

Por lo tanto,  cuando un deudor de buena fe se ve irremediablemente en una situación de insolvencia originada por factores que se escapan de su control, es decir, ajenos a él, se podrá beneficiar de esta ley y podrá empezar de cero.

El ordenamiento jurídico ha ofrecido recientemente salidas razonables a las personas deudoras  que no puedan cumplir con  los compromisos contraídos y que por una alteración sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, precisan de regulación legal de su situación, al igual que las personas jurídicas, que ya disponían de regulación.

¿Qué se precisa para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad?

Principalmente, ser deudor de buena fe, es decir, cumplir con los siguientes requisitos:

  • No haber sido declarado culpable en el concurso de acreedores, que por dolo o culpa  haya agravado su insolvencia.
  • Que en los diez años anteriores no exista sentencia firme condenando al deudor por delitos contra la Hacienda Pública, Seguridad Social; y el Derecho y Libertad de los trabajadores en los diez años anteriores.
  • Haber intentado llegar previamente a un acuerdo con los acreedores y demostrarlo (normalmente BANCOS) no habiendo sido posible PAGAR, como consecuencia de la situación económica actual del DEUDOR
  • No haber rechazado una oferta de empleo adecuada a su capacidad en los cuatro años inmediatamente anteriores, y haber aceptado inscribir el beneficio en un Registro Público Concursal (al que solo se tiene acceso con la  autorización expresa del juez).

¿Qué debe hacerse para beneficiarse de esta Ley?

La participación de abogado es imprescindible. Previamente al proceso concursal, se debe haber intentado un acuerdo extrajudicial de pago con los acreedores y si no ha sido posible, presentar la solicitud de dicho beneficio ante el juez que haya conocido el previo concurso de acreedores.

La solicitud del beneficio debe ir acompañado de una propuesta de Plan de Pagos, y demostrar que las opciones que proponen los bancos no son asumibles por el deudor, de esta manera se podrán liberar las deudas.

¿Se liberarán las deudas?

, aunque dependerá de la situación económica de la persona. La aplicación de esta Ley irá desde la cancelación de toda las deudas en caso de insolvencia total, hasta un pequeño pago mensual asumible por el deudor durante un máximo de 5 años, y después “el perdón total” de la deuda restante, tanto la  principal como los  intereses que derivan de ésta. Si tu situación es parecida, podemos ayudarte

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